Constitutional rights of the judicial Spanish process

Sonia Calaza López:
Constitutional rights of the judicial Spanish process

Review by: Antonio Fernández de Buján

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Review:

Sonia Calaza López, Profesora Titular de Derecho Procesal y Vicedecana de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha publicado, recientemente, un  trabajo titulado “Garantías constitucionales del proceso judicial español”.

Este ensayo ha sido elaborado en el marco de tres Proyectos de investigación: “La Reforma de la Justicia Penal” del Ministerio de Ciencia e Innovación, con referencia SEJ 2007-62039, bajo la dirección del Prof. Gimeno Sendra; “La Jurisdicción Voluntaria: un mandato legislativo pendiente de cumplimiento. Cuestiones generales”, Ministerio de Ciencia e Innovación, con referencia DER 2008-06460-C02-01, bajo la dirección del Prof. A. Fernández de Buján y “Stop Hate Crimes in Europe”, Programa Justicia Penal, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, con referencia JLS/2009/JPEN/AG, bajo la dirección de la Profra. Quesada Alcalá.

El proceso constituye, según expone la A., el instrumento de la Jurisdicción al que acuden los particulares una vez han decidido ejercitar el derecho de acción o derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, este instrumento del derecho a la tutela judicial efectiva ha de venir precedido, generalmente, por la existencia de un conflicto intersubjetivo o social, puesto que el proceso, tal y como ha destacado ALCALÁ-ZAMORA no surge, so pena de encerrarnos en un círculo vicioso, del propio proceso, sino de una situación extra y meta procesal, que él está llamado de canalizar y resolver.

Esta situación de litigio o conflicto, que constituye generalmente el antecedente inmediato del proceso podría ser solventada de acuerdo con otros mecanismos de solución de controversias. Estos mecanismos son la “autodefensa” o “autotutela”, consistentes en la imposición de la solución de forma coactiva por la parte más fuerte y descartado en la actualidad, y la “autocomposición”, mediante la cual, bien ambas partes mediante acuerdo mutuo, bien una de ellas por sacrificio o resignación, deciden poner fin al litigio planteado. Así, pues, una vez acontecido el “conflicto”, y tratándose de materia disponible, todavía puede acontecer que las partes lleguen a un acuerdo, sin necesidad, por tanto, de acudir al proceso. Ahora bien, si esto no aconteciese y, al menos, uno de los particulares, ofendidos o perjudicados por el conflicto, decidiese hacer uso de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entonces habría de “instrumentar” dicho derecho a través del proceso.

El proceso comienza con la demanda y finaliza, normalmente, con la sentencia, de tal suerte que bajo la noción “proceso” se ampara todo el recorrido de los particulares, desde que deciden ejercitar su derecho a la tutela judicial efectiva hasta la obtención de la resolución judicial, en la que los Jueces y Magistrados, titulares de la Jurisdicción, vienen obligados a solucionar, por razón de su oficio, con la debida imparcialidad, los conflictos ante ellos planteados.

El proceso ha sido representado, de manera gráfica, por ALCALÁ-ZAMORA en un triángulo, dónde tienen cabida tanto los sujetos intervinientes en el orden y posición que les corresponde (así, actor, con su imprescindible acción y demandado, con su eventual reacción, situados en las bases y ante el Juez, que aparece representado, como un tercero supra partes, en la cúspide), como el objeto litigioso (o conflicto que media entre las partes materiales) y, naturalmente, la necesaria “imparcialidad”, “objetividad” y “neutralidad” del Juez o Tribunal llamado a resolver la contienda.

Este gráfico es el siguiente:

La línea A-D, base del triángulo, representa el litigio entre las partes. Los lados A-J y D-J representan, por su parte, la acción (indispensable) y la reacción (eventual), respectivamente, mediante las que las partes se dirigen al Juez. La línea S-J representa la imparcialidad con que el Juez se debe pronunciar sobre el litigio.

En una línea de reflexión similar, PRIETO-CASTRO ha destacado que tan sólo habrá “proceso” allí dónde coincidan las notas que en el curso de los siglos han ido perfilándose como tal, esto es, allí donde exista un órgano independiente en su función, con partes justiciables en igualdad de postura por lo que a ataque y defensa se refiere,  con deberes y derechos previamente señalados y teniendo la garantía de la seguridad del Derecho que se pronuncia en definitiva.

La A. comienza su ensayo, con el análisis del concepto, fundamento y caracteres del proceso, para acometer, inmediatamente después, un breve estudio sobre su evolución histórica.

La Profesora Calaza estudia, a continuación, la naturaleza jurídica – Teoría del proceso como contrato o cuasi-contrato; Teoría del proceso como relación jurídica; Teoría del proceso como situación jurídica; Teoría del proceso como institución jurídica – y la función del proceso – función del proceso como satisfacción jurídica; función del proceso como instrumento de la Jurisdicción para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva-.

Inmediatamente después, en el capítulo titulado “Constitución y proceso” analiza las garantías constitucionales y los principios inherentes al “instrumento” de la Jurisdicción para la realización de la Justicia en que consiste el proceso.

Esta monografía – séptima de la Prfra. Calaza – encuentra su complemento en el trabajo publicado, a continuación, por la misma A., en Dykinson, bajo el título “El binomio procesal. Derecho de acción-Derecho de defensa. Desde la concepción clásica romana hasta la actualidad”.

La publicación de ambos trabajos, escritos con las notas de rigor,  originalidad y  precisión en la utilización del lenguaje, que caracterizan como una seña de identidad toda la obra de la A., constituye una aportación de gran importancia, en un momento como el actual, en el que los operadores jurídicos requieren volver a los principios procesales, una y otra vez, tanto a la hora de elaborar, como a la de aplicar las distintas normas de enjuiciamiento.

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Technical Data

Title: "Constitutional rights of the judicial Spanish process"
Book author: Sonia Calaza López
Review by: Antonio Fernández de Buján
Number:
Pages: "191-193"
URL: http://www.comunitania.com/antonio-fernandez-de-bujan-constitutional-rights-of-the-judicial-spanish-process/
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.4.10
Magazine: Comunitania, International Journal of Social Work and Social Sciences