Políticas de inclusión social de la infancia y la adolescencia. Una perspectiva internacional

Antonia Picornell Lucas y Enrique Pastor Seller:
Políticas de inclusión social de la infancia y la adolescencia. Una perspectiva internacional

Reseña realizada por: María del Rosario Auces Flores

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Reseña:

Un selecto grupo de expertos, investigadores y académicos que forman parte de la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia (REDidi), realizan con esta obra una gran contribución científica y disciplinar, a nivel internacional, en el campo de las políticas de inclusión social de la infancia y la adolescencia al profundizar en las temáticas, líneas de trabajo y áreas de intervención que posibiliten la mejora en las condiciones de vida y los procesos de emancipación de estas poblaciones.

Como destaca en el prólogo José Ortega, “abordar las realidades y problemas que viven en la actualidad la población infanto-juvenil nos obliga al análisis y la reflexión para la búsqueda y generación de soluciones políticas, legislativas y estructurales. Estos estos sufrimientos e injusticias de lesa naturaleza infligidos a los niños y niñas… hieren nuestros cerebros y nuestras conciencias… sorprenden cada día más nuestros ojos, nuestros corazones y nuestras mentes”.

En ese sentido, una de las mayores aportaciones de la obra es el enfoque basado en los Derechos Humanos, la ciudadanía y la participación, a partir del cual se observa un trato cualitativo diferencial con relación a otras propuestas y formas de abordaje al dejar de visualizar a las niñas, los niños y los adolescentes como objetos y concebirlos como sujetos protagónicos y claves para la transformación social.

La estructura del libro se divide en dos partes: la primera, nos lleva de la mano hacia el reconocimiento del enfoque, las políticas y buenas prácticas en torno a la infancia desde una perspectiva internacional, situándonos en el campo de conocimiento con una perspectiva formativa e informativa. La segunda, sistematiza experiencias prácticas que logran dar efectividad a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

El texto se encuentra compuesto por veinte capítulos, en los que han participado treinta expertos e investigadores de ocho países latinoamericanos y europeos (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Portugal y España) y de una selección de entidades representativas en el campo de la infancia y la adolescencia.

Pérez Cosín, Navarro Pérez y Barrachina Hueso, de la Universidad de Valencia, abordan en el primer artículo, los modelos que definen las políticas de juventud en Europa: universalista, comunitario, protector y centralista, que caracterizan a la juventud como un recurso, como un problema o como una población vulnerable. Los objetivos, por tanto, buscan la autonomía, la independencia, la participación social y política; así como la prevención de problemas sociales y la integración. De ahí la importancia de impulsar alternativas públicas que promuevan la inclusión social desde políticas que impliquen el protagonismo de los jóvenes en su desarrollo individual y pro-social.

Martínez García, de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, plantea el derecho a la participación como un elemento sustancial de la Convención sobre los Derechos del Niño, equiparable con los tres supraprincipios de la misma (interés superior del niño, derecho a la vida, al desarrollo y a la superviviencia y no discriminación). De esta forma, es trascendental la modificación legislativa del derecho del menor a ser oído al derecho del niño a ser escuchado, dado que posibilita el derecho de asociación y reunión, además de configurar su status como ciudadano o ciudadana.

Paul Larrañaga, de la Asociación GSIA (Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia), en Europa, comienza por cuestionar la representación social que se tiene/tenía sobre la infancia, en este proceso de cambio vertiginoso de era tecnológica. Con el título de su artículo: Infancia en e- inclusión, el autor considera necesario comenzar a transgredir presuposiciones arraigadas que invisibilizan y discriminan a los niños en espacios sociales comunes, por aquellas áreas atravesadas por las tecnologías de la información y de la comunicación en las que ostentan una visibilizada notoriedad, confiriéndoles un papel activo en sus procesos de socialización y participación ciudadana.

Arce Camiade, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Costa Rica, ofrece en su artículo seis casos emblemáticos resueltos por la corte interamericana de Derechos Humanos que hoy en día rigen en el sistema regional de América y el Caribe y que obliga a todos sus Estados parte a integrarlos en su derecho interno. Los casos son ilustrativos y se refieren a las resoluciones dictaminadas a favor del derecho a la vida, a la protección, a la nacionalidad y, por ende, a la personalidad jurídica, a la vida cultural de la niñez indígena, a la igualdad de las personas homosexuales y a la integridad personal. Cierra su artículo con la opinión consultiva OC-21/14 sobre el fenómeno migratorio y las violaciones a los derechos humanos que en él se perpetúan, por lo que se muestran los principios que velan por la protección de esta población en específico. No obstante, la autora concluye que el desafío de la jurisprudencia es erradicar las condiciones que generan la violencia y las violaciones a estos derechos para pasar de la protección a la prevención.

Picornell-Lucas, de la Universidad de Salamanca, presenta un panorama social heterogéneo, desigual y cada vez menos cohesionado que puede constituirse en una amenaza para el desarrollo humano. Ante ello, una alternativa de solución ha sido la implantación de sistemas de gestión participativa que busca promover la generación de espacios de cooperación y participación de los ciudadanos. En el campo de la infancia se requiere un cambio cultural del trabajo en las entidades públicas que incorpore y garantice el enfoque de la Convención sobre los derechos del niño al reconocerle como sujeto de derecho, antes que como objeto de protección. Los logros y retrocesos con relación a este objetivo pueden visualizarse en el desigual comportamiento de las regiones en el mundo con base en sus indicadores de salud, educación y calidad de vida; en tanto responsabilidad directa de los gobiernos, más que una relación por conducto de ONG o instituciones de derechos humanos. La propuesta de prácticas comunitarias de participación política de la infancia “despaternaliza” el concepto de protección y ofrece a sus protagonistas la posibilidad incondicional de participar con voz y voto en el desarrollo, es decir, como actores sociales competentes y autónomos.

Unda Lara y Sotomayor, de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, introducen la perspectiva de género en el campo de la infancia y la juventud, a partir de un análisis histórico, político y económico que caracteriza a la región latinoamericana bajo la modernidad capitalista y la precarización de los procesos de socialización en los ámbitos familiar, escolar e, incluso, político. Espacios desde donde se construye culturalmente la diferencia sexual, caracterizada esta última por su devenir histórico, su conformación de identidades y su desarrollo contextualizado. Los autores describen la trayectoria del concepto género bajo tres formas de constitución del sujeto citando a Herrera (1996:206): “el género como sujeto unificado, como sujeto construido y como sujeto deconstruido”. De esta manera, destacan la dimensión sociohistórica y cultural que relativiza y genera múltiples situaciones y condiciones que habría que considerar al momento de querer hablar de las limitaciones, posibilidades y capacidades en el ejercicio de los derechos humanos.

Morgado Panadero, de la Universidad de Salamanca, España, define la política social como una orientación de la actuación pública emanada de cualquier autoridad (internacional, nacional, regional o local), cuyos objetivos demandan la existencia de un Estado intervencionista partícipe de la vida de sus ciudadanos, un Estado protector que vele por su bienestar y un Estado social que cubra o satisfaga sus necesidades. En esa línea, las políticas sociales que atienden a la juventud buscan promover las condiciones para la participación libre y eficaz de este grupo en el desarrollo político, social, económico y cultural. Una opción ha sido la creación de Consejos de Juventud que permite su participación en los distintos niveles de decisión de políticas públicas desde las cuales podrían derivar políticas de ocio y entretenimiento, de educación, de cultura, de empleo y vivienda. La autora advierte el peligro y retroceso que puede haber si los gobiernos no le dan la importancia que merecen estos colectivos si apoyaran su desaparición.

Del Río Lugo, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, nos coloca en el marco de la ética del cuidado y la responsabilidad de Carol y Gilligan (1982) para dirigir nuestra mirada hacia el caso mexicano con respecto a los niños y niñas con diversidad funcional y su proceso de inclusión social a partir del reconocimiento y la equidad de oportunidades para la participación social. En palabras de Bauman (2010): Más que estar con otros, es ser para otro. Dado que América Latina es considerada la región más desigual del mundo, que le apuesta al crecimiento económico a costa de la equidad y la inclusión social, los derechos sociales han tenido una regresión política al pasar de la justicia a la compasión, de la compasión a la indiferencia, de la indiferencia a la exclusión. La autora presenta datos alarmantes que podrían denominarse de “penuria educativa” asociada al analfabetismo funcional que se agudiza en niños y niñas con discapacidad. Las condiciones con relación a la formación docente, la accesibilidad, los recursos y apoyos necesarios son igualmente desoladoras. La apuesta de solución se da a partir de un cambio de paradigma social y cultural en el conjunto de acciones y recomendaciones, así como de la participación activa de la sociedad civil con apoyo de organismos internacionales que promueva un Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y adolescentes y un Sistema de Protección Integral (SNPI) y de información.

Aller Floreancing, de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT) España, señala un proceso de reforma del sistema de protección a la infancia que busca ser acorde a los cambios sociales al generarse un conjunto amplio y coordinado de actuaciones orientado a neutralizar las distintas manifestaciones de la violencia que afecta a los menores de edad, en especial, de niños y niñas con discapacidad intelectual. Al definir la violencia contra la infancia como un problema complejo y multicausal, propone una serie de principios para el diseño de políticas basadas en el buen trato a la infancia entre el que destaca el fomento a la parentalidad positiva como una medida que no sólo puede disminuir el maltrato sino además incrementar las posibilidades de que los niños crezcan felices y se garantice el ejercicio de sus derechos.

Blanco Carrasco y Rivera Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid, analizan en la misma línea la importancia de la reciente normativa reguladora de las crisis en las relaciones familiares para garantizar el interés del menor a través de una serie de mecanismos que fomenten la armonía familiar y el contacto de todos los miembros entre los que destacan la custodia compartida, los planes de coparentalidad y la mediación familiar. Esta última es considerada una herramienta fundamental en la consecución de los acuerdos necesarios para poder llevar a cabo la custodia compartida como un compromiso entre ambos progenitores para hacerse cargo de sus obligaciones de forma equilibrada.

La segunda parte del libro, titulada: “Laboratorio de buenas prácticas”, comienza con el artículo sobre migración, de Gaitán Muñoz, presidenta de la Asociación GSIA (Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia) en Europa. En este apartado, el tema de la migración cobra singular atención, al considerar a los niños protagonistas de dicho fenómeno. Desde un enfoque que interpreta, por un lado, a la infancia como una categoría social permanente con variaciones histórico culturales y, por el otro, que considera al niño como un sujeto y actor social, se logra visibilizar los procesos de subjetivación y socialización que se generan en torno a los momentos de separación, reagrupación e instalación en la sociedad de acogida para comprender la forma de infancia que ellos están viviendo y hasta qué punto esto indica cambios en el modo de ser niño hoy.

Pereira Alberto, de la Universidade Federal da Paraiba y Azevêdo Lima, de la Faculta de Ruy Barbosa, Brasil, tratan sobre las violaciones, derechos y políticas sociales a partir de las concepciones de infancia y adolescencia como construcciones históricas respaldadas por determinados contextos económicos, culturales y sociales. Desde esta perspectiva, en la actualidad, el marco jurídico ha pasado de la categoría de “menor de edad” a “sujeto de derechos”. Ante un alarmante y elevado índice de indicadores de violencia infantil de carácter sexual, psicológica y física, el Gobierno brasileño ha emprendido históricamente una serie de acciones como la positivización del derecho y la implantación de políticas públicas que buscan la garantía de sus derechos y respeten su peculiaridad.

Espinosa Spinola y Gallego Molinero, de la Universidad de Granada, resaltan la importancia que tiene considerar a los niños como sujetos informantes clave en la investigación etnográfica al contribuir con sus voces, percepciones y experiencias en distintas problemáticas en las que, desafortunadamente, participan. Como tema emergente se aborda la adopción de niños extranjeros quienes expresan su deseo por conocer sus orígenes; de esta investigación deriva como hallazgo relevante la situación de “falsa orfandad” en la que muchos de ellos se encuentran. Otro tema relevante es en torno a la infancia en situación de calle que, gracias a su abordaje etnográfico, revela la representación que tienen de sí como individuos independientes, luchadores, resilientes y con proyecciones a futuro, a diferencia de la discriminación y percepción negativa que las sociedades tienen sobre esta población.

Andrés-Candelas y Sandoval Pérez, de la Corporación Universitaria del Caribe-CECAR, Colombia, presentan un estudio de caso que permite reconocer la participación de la infancia y la adolescencia en la política local como miembros de un Consejo Consultivo en Sincelejo (Sucre, Colombia). Este país se destaca por el conflicto armado que ha vivido durante los últimos años, situación que tiene relación directa con las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en las que se encuentra el 64% de la población de Sucre. Este departamento se encuentra en la región del Caribe donde el 34% son niños y jóvenes. Rasgos que resaltan la valía de tener la iniciativa en el 2008 para crear un espacio de formación ciudadana con el proyecto “Escuela de Liderazgo Paz Viva” basado en el protagonismo y la participación infantil para la mejora de su contexto local y social.

Pastor Seller y Mateos Almanza de la Universidad de Murcia, realizan una investigación con relación a la participación de los jóvenes en las políticas de juventud en España y ofrecen un mapa de mecanismos institucionales por comunidades autónomas como: Direcciones generales, Institutos de la Juventud y Consejos de la Juventud. De igual manera, destacan las funciones de los mecanismos de participación en España como el asociacionismo, la información, la promoción de la igualdad, el fomento del empleo, la inserción social, la defensa de los derechos de los jóvenes, la realización de estudios sobre la juventud y la promoción de la cooperación juvenil internacional. Destaca que actualmente el 41,2% de las comunidades autónomas no tiene instituto o consejo juvenil, lo que les ubica en una situación de exclusión política y social.

Rey Méndez, presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil-CONAETI en la República de Argentina, nos introduce al concepto de “trabajo decente” como eje de inclusión social que aboga por diferenciar y promover el trabajo registrado, el proteccionismo legal, las remuneraciones justas, el respeto por el medio ambiente, la igualdad de oportunidades para varones y mujeres, así como la ausencia de trabajo infantil. Entre las políticas que destacan a favor de estos principios está el Plan Nacional de Regulación del Trabajo, el Plan Integral para la pro- moción del Empleo, el Plan de Inclusión Provisional y la Asignación Universal por hijo para protección social. Con relación a las políticas destinadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil se presentan mecanismos de difusión y concienciación, de articulación a nivel federal y de intervención a nivel local. Los avances en la implementación se basan en la coordinación de acciones entre las instancias involucradas en materias de legislación salud, educación e inspección de su cumplimiento. No obstante, los retos y desafíos son aún grandes y demandan la participación de todos.

Raya Díez, de la Universidad de la Rioja España, se ocupa de la defensa y promoción del derecho de la infancia a participar en la vida cultural y artística, con fundamento en el artículo 31 de la Convención sobre los Derecho del Niño, desde una doble perspectiva. Por un lado, cómo se garantiza este derecho y, por otro, los recursos que se ofrecen por parte de la sociedad para garantizarlo. En su estudio ofrece indicadores con respecto la disponibilidad y dedicación de las personas menores de 25 años a la vida social y diversión (61,2%), a los deportes y actividades al aire libre (39,8%), a aficiones e informática (59,9%). De igual manera, señala la disminución que está teniendo el tiempo dedicado a otras actividades por el uso del internet, por lo que concluye la necesidad de aprovechar el potencial y desarrollo de las tecnologías en los ámbitos culturales y artísticos.

Ferreira, del Instituto Universitario de Lisboa, Portugal, realiza un análisis crítico de la investigación y la intervención en el campo del trabajo social para la promoción del conocimiento de la ciudadanía en la infancia como un nuevo estatus del niño en la sociedad contemporánea. Por lo anterior, se demanda una nueva orientación metodológica y conceptual en esta profesión bajo los principios de igualdad, participación, responsabilidad social y diversidad social. Resalta la dimensión interdisciplinaria de trabajo social, así como los modelos sistémicos, de redes sociales, de comunicación y ecológico para la comprensión de la complejidad de las relaciones y comportamiento humano. Así mismo, describe los enfoques de la investigación cuantitativa y cualitativa y aboga por un código de ética que oriente las prácticas del trabajador social.

Morata García, Palasí Luna y Valencia Vera, de la Universidad Ramón Llull, Barcelona, dan a conocer los impactos generales/transversales y los específicos sobre los niños y las familias que produce la participación en los programas de refuerzo educativo que disminuyen los riesgos de exclusión social. El estado de la cuestión plantea la necesidad de disminuir las tasas de abandono escolar prematuro, así como el incremento de la eficiencia terminal en estudios de nivel terciario en las personas de 30 a 34 años. En atención a la disminución en los índices del rezago educativo, los impactos positivos son de orden psicosocial y académico. Los aspectos relevantes son debido a estrategias clave como la actuación especializada, el trabajo colaborativo y el trabajo educativo integral de los educadores a nivel conceptual y procedimental.

Por último, Domínguez Alonso, de la Universidad de Alicante, plantea la disyuntiva en la nueva Ley de la Infancia en España frente a las dos modalidades de acogimiento: residencial y familiar. La preferencia por uno u otro modelo se basa en la necesidad de revisar las propuestas que se proponen para la reforma del sistema de protección buscando el mejor y más eficiente modo de garantizar el interés superior del niño. Es así como ofrece los resultados obtenidos en una investigación relativa a la infancia en internados (2010) que recupera las voces y experiencias infantiles sobre el antes, durante y después del acogimiento residencial. Lo anterior permite brindar propuestas de seguimiento en la incorporación sociofamiliar para la población infantil y juvenil que han crecido en instituciones de acogimiento institucional.

Por todo lo expuesto, la obra, más que una herramienta para profesionales, docentes e investigadores; o un manual de referencia para el ámbito académico, universitario y de la intervención social, logra trascender hacia una postura crítica y un planteamiento ético. Es, por tanto, no sólo un texto importante y necesario, sino imprescindible y valioso que nos convoca como Humanidad, como Sociedades, Gobiernos y Organismos de todas las latitudes, culturas e ideologías existentes para reflexionar y actuar desde un enfoque basado en los Derechos Humanos a favor de los niños, las niñas y los jóvenes con quienes tenemos una deuda pendiente.

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Ficha Técnica

Título: "Políticas de inclusión social de la infancia y la adolescencia. Una perspectiva internacional"
Autor libro: Antonia Picornell Lucas y Enrique Pastor Seller
Reseña por: María del Rosario Auces Flores
Número:
Páginas: "227-234"
URL: http://www.comunitania.com/maria-del-rosario-auces-flores-politicas-de-inclusion-social-de-la-infancia-y-la-adolescencia-una-perspectiva-internacional/
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.13.14
Revista: Comunitania, Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales